El desastroso terremoto del 27 de febrero no solo ha provocado cuantiosos daños materiales e invaluables pérdidas humanas, también ha dejado en evidencia la urgente necesidad de contar con municipios fuertes capaces de asumir el control de la crisis en forma inmediata y ágil.

 
Las comunas afectadas, en su mayoría rurales y carenciados, por mucho empeño que le hagan, se ven superadas ante cataclismos de esta magnitud. No cuentan con recursos y capacidades para la prevención, se ven atolondradas ante la confusión del centralismo, si hasta administrar la ayuda post evento es un karma cuando llega de sopetón y sin mucha racionalidad.

Desde hace varios años que la Asociación Chilena de Municipalidades viene alertando sobre las nefastas consecuencias que significa disponer de plantas de funcionarios estáticas, estrechas y rígidas –inadecuadas para asumir nuevas problemáticas y desafíos-, sobre la escasa autonomía y facultades para actuar en caso de emergencias como éstas, de las endémicas dificultades financieras que impiden invertir recursos y estar preparados para un terremoto, para un aluvión, para una inundación u otra calamidad que con más frecuencia de la que quisiéramos nos suele visitar.

El gobierno y los parlamentarios saben de aquello, saben que existen muchos municipios con direcciones de obras débiles, multidependientes de otros ministerios y servicios, sin personal calificado para, por ejemplo, monitorear y fiscalizar la construcción de edificios y viviendas como se debiera. Ahora que se alzan voces responsabilizando a los municipios por recepcionar obras con fallas de construcción deberían ser ellos quienes den la cara.

Resulta majadero escuchar y leer en discursos y documentos “que el municipio es el estado más próximo a la gente, el brazo más cercano para actuar”, etc. Sin embargo, a ese brazo cercano se le dificulta actuar si tiene los dedos atados dentro de un guante de boxeador.  

Aún así, con todas las dificultades descritas, los primeros en responder a esta emergencia han sido las diferentes municipalidades que gracias a su decisión y organización han desplegado esfuerzos –so riesgo de quedar bajo la lupa contralora- para socorrer lo más pronto posible.

Será  mucho pedir que cada comuna cuente con un teléfono satelital, que las autoridades comunales generen una unidad de prevención de riesgos comunales como se debe (con personal y recursos materiales adecuados), que en caso de catástrofes asuman facultades especiales para organizar y administrar la crisis incluida la subordinación de carabineros y fuerzas armadas, que puedan intervenir los mercados proveedores de bienes y servicios locales de primera necesidad, que cuenten con recursos inmediatos para la acción, entre otras medidas. Parece surrealista, pero de seguro los grados de eficiencia aumentarían; se dispondría de información oportuna, se ordenaría el registro y provisión de información, se alertaría y organizaría tempranamente a la comunidad.

El abordaje y las consecuencias del reciente terremoto nos dejan una lección clara: no se puede improvisar, no se puede monitorear una crisis a distancia. Hay que estar ahí y actuar rápido. Y en ese escenario, un municipio fuerte es la mejor alternativa y lo que la ciudadanía espera.  

Organización Social, nuestro mayor déficit

También el cataclismo  ha desnudado nuestra precariedad organizacional, especialmente en el primer nivel de la base social. Juntas de vecinos, clubes deportivos, grupos de jóvenes se han mostrado desarticuladas, casi inexistentes, en las horas críticas de la tragedia.

Llegué  en la mañana del Miércoles 3 de Marzo a Dichato,  ya habían pasado cuatro días de ocurrido el hecho y la desorganización era la tónica. El Municipio de Tomé desbordado, los dirigentes dispersos y sin información, arribando continuamente muchos jóvenes voluntariosos que en esas condiciones más estorbaban que ayudaban.

Es entendible que aquello, producto del pánico inicial, se presente. Más no podemos darnos el lujo de perder ese valioso tiempo en situaciones de crisis.¿Quien debe liderar en esos momentos?, los técnicos del SHOA?, los técnicos de la ONEMI?. Por supuesto que no; Alcaldes, concejales y dirigentes comunales son los llamados naturales a esa tarea, la proximidad en situaciones como esta es un plus inigualable.

El nuevo gobierno de Piñera, más allá de los pergaminos académicos y empresariales de sus autoridades, ante todo se verá enfrentado a una encrucijada política…después a las definiciones técnicas. Si lo primero no es bien resuelto, lo segundo menos. Y una vertiente de la encrucijada política es la visión u orientación que se le quiera dar a las organizaciones sociales de base.

Después de las campañas solidarias, de las apariciones mediáticas, de los cuantiosos recursos publicitarios de las empresas en los medios nacionales e internacionales para congratularse ellos mismos su abnegado espíritu de colaboración, debería venir el trabajo profundo de fortalecimiento de las organizaciones sociales y de la sociedad civil en un contexto societal donde cada vez más prima “el sálvese quien pueda”.  

Los saqueos por inercia, la psicosis colectiva en poblaciones donde nada ocurría, el persistente trabajo de alarma pública de los canales de televisión, son muestras evidentes de la degradación del tejido social y de la cohesión social. Prima la desconfianza, la inmediatez, la competencia desmesurada y la lógica del mercado salvaje (ganar por todos lados y como sea),

La formación de ciudadanos desde la temprana infancia, con sus derechos y deberes, asumiendo responsabilidades para con su comunidad desde pequeños es una asignatura pendiente en nuestro Chile. La desidia en ese ámbito se ha instalado por  décadas, somos todos culpables por acción u omisión de algún modo. Ojalá esta traumática experiencia nos ayude a enmendar. Ojalá que Marzo y su vorágine no nos haga olvidar a los olvidados. Y ojalá que tampoco éstos olvidados se hagan olvidar tan fácilmente.